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Preámbulo
México ha experimentado un evento histórico inédito en su vida jurídica: la propuesta de una reforma constitucional que permitirá que los ciudadanos elijan a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación mediante voto popular. Se trata de un hecho sin precedentes en la historia moderna de las democracias constitucionales.
El presente artículo de opinión no tiene como objetivo valorar políticamente la reforma o debatir su pertinencia en términos de independencia judicial. Mas bien, parte de una premisa objetiva: este cambio es una realidad que reconfigura la relación entre el poder judicial, los operadores jurídicos y la ciudadanía.
Este nuevo paradigma ha generado incertidumbre sobre la calidad y profesionalismo de quienes podrían ocupar los cargos de impartidores de justicia. Sin embargo, también ha revelado una exigencia social emergente: la necesidad de comprender qué es el Poder Judicial, cuál es la función de un juez, qué es un Tribunal Colegiado, y qué papel juegan los abogados en la defensa del orden constitucional. Esta transformación convierte a los juristas en traductores y pedagogos del derecho ante una sociedad que ahora mira con interés y sospecha el funcionamiento de los Juzgados, Tribunales y la Corte del Poder Judicial.
Introducción: el abogado y el docente ante el nuevo paradigma
La formación de nuevos abogados cobra un carácter urgente y fundamental. En primer lugar, porque ante la posibilidad de tener jueces sin carrera judicial y que no se encuentren preparados para el puesto, los abogados litigantes deberán estar preparados para enfrentar decisiones mal fundamentadas, resoluciones contrarias a derecho y criterios alejados de los principios rectores de la justicia constitucional. En segundo lugar, porque quienes aspiren a convertirse en jueces o magistrados electos necesitarán dominar no solo el derecho sustantivo, sino también las herramientas técnicas de argumentación, valoración de la prueba, interpretación normativa y redacción judicial.
Este escenario exige una transformación profunda de los modelos de enseñanza del derecho. Como lo advierten autores como Camarillo (2024), Cárdenas Méndez (2023) y López Olvera (2022), la pedagogía jurídica tradicional, centrada en la cátedra magistral y la memorización de conceptos, resulta obsoleta ante las demandas actuales de un sistema jurídico más complejo y participativo. Es necesario adoptar enfoques pedagógicos activos, críticos y constructivistas, que coloquen al estudiante en el centro del aprendizaje y le permitan construir conocimientos significativos mediante la reflexión, el análisis de casos, la discusión de argumentos y la simulación de audiencias.
El papel del docente en la formación jurídica contemporánea
El docente en derecho ya no puede limitarse a ser transmisor de información. Debe ser un facilitador del aprendizaje, un diseñador de estrategias didácticas y un orientador crítico que vincule la teoría con la práctica. Como señala Camarillo (2024), es urgente romper con la reproducción acrítica de textos y fomentar el pensamiento jurídico a partir de la resolución de problemas reales. Ello implica no solo tener dominio de la materia, sino también una formación básica en pedagogía y didáctica.
De acuerdo con Cárdenas Méndez (2023), la pedagogía jurídica debe ser entendida como una disciplina integral que combina el conocimiento jurídico con el conocimiento didáctico, permitiendo planificar, evaluar y rediseñar procesos de enseñanza en función del aprendizaje. La planeación didáctica, el diseño de casos, el uso de simulaciones, el aprendizaje basado en problemas y el trabajo cooperativo, son algunas de las herramientas clave que debe dominar el docente de derecho para lograr una enseñanza significativa y transformadora. Asimismo, se sostiene la importancia de la formación continua del docente de Derecho, no solo en el ámbito de la ciencia jurídica, sino también en pedagogía y didáctica jurídica. Dominar los contenidos de una asignatura resulta insuficiente si no se cuentan con las habilidades y conocimientos necesarios para comunicar y contextualizar adecuadamente dichos contenidos al estudiantado (Cárdenas Méndez, 2023). En este sentido, el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) puede contribuir al desarrollo de estas competencias docentes. Plataformas como Google Classroom o Moodle permiten integrar materiales diversos y promover la participación activa del alumno mediante recursos interactivos, tales como foros, cuestionarios o simulaciones. Estas herramientas no sustituyen la exposición del docente, pero sí la complementan, fomentando un aprendizaje más dinámico y significativo (López Olvera, 2022).
El estudiante de derecho y su responsabilidad social
Los estudiantes de derecho de hoy no son simples receptores de conocimiento, sino actores fundamentales del nuevo sistema judicial. Son quienes en pocos años ocuparán los estrados, las fiscalías, las defensorías públicas y los tribunales. En ellos recae la tarea de reconstruir la confianza ciudadana en la justicia, demostrar con hechos que la elección popular no está reñida con la excelencia profesional y que el abogado, como operador jurídico, es garante del estado de derecho.
Este compromiso no es sólo técnico, sino ético y social. Como lo señala López Olvera (2022), la pedagogía jurídica no puede disociarse de la formación moral del estudiante, quien debe adquirir no sólo habilidades cognoscitivas sino también un profundo sentido de justicia, responsabilidad ciudadana y compromiso con los derechos humanos. Por ello, las universidades deben fomentar una cultura académica de debate, reflexión y conciencia crítica, en lugar de formar autómatas legales incapaces de interpretar la realidad. En ese orden de ideas, es fundamental insistir en que la formación ética del estudiante de derecho no debe reservarse exclusivamente para el ejercicio profesional. Hoy más que nunca cobra relevancia que, desde la etapa universitaria, el alumnado asuma como propios principios como la honestidad, el respeto a los derechos humanos y la imparcialidad (López Olvera, 2022). Para ello, no basta con la memorización de conceptos jurídicos: el estudiante debe apropiarse críticamente del conocimiento, interpretando su sentido ético, social y transformador (Cárdenas Méndez, 2023).
Conclusión
Ante el inminente cambio que representa la Reforma Judicial, la formación de nuevos abogados en México debe repensarse desde sus cimientos. Esto implica no solo transformar la manera en que enseñamos el Derecho, sino también reconsiderar cómo lo aprenden los estudiantes, reconociendo además la ineludible responsabilidad social que asumen los futuros profesionales del Derecho, y que hasta ahora muchos abogados en ejercicio no habíamos dimensionado plenamente.
Se insiste en que no es suficiente conocer el derecho: hay que saber enseñarlo, comunicarlo, interpretarlo y aplicarlo con responsabilidad social.
En este contexto, la relación entre pedagogía y derecho cobra una relevancia inédita. Formar abogados críticos, técnicamente competentes, con conciencia social y preparados para afrontar un sistema judicial politizado, es una tarea que involucra a docentes, instituciones y estudiantes por igual.
